El Presidente de la República, Evo Morales Ayma, tiene la obligación de denunciar quienes son las personas que le solicitan armas para asesinar a otros bolivianos porque con ese pedido se convierten en potenciales o posibles genocidas, sostuvo el jefe de la Bancada de Diputados de Poder Democrático Social (PODEMOS), Oscar Antonio Franco.
El parlamentario del principal partido de oposición sostuvo que cuando menos el primer mandatario debiera hacer conocer al Ministerio Público los nombres de los sujetos que le llamaron pidiéndole armas “para hacer respetar” su investidura.
En su declaración, el Presidente Morales sostuvo que atiende personalmente llamadas telefónicas, tanto al anochecer, como al amanecer de cada jornada; sin embargo, el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, según señala un matutino paceño, trató de justificar lo dicho señalando que “son personas no identificadas las que acceden al número del celular del Presidente y lo llaman directamente”.
Además mientras el Presidente escucha a unos cuantos radicales que sólo buscan reeditar días de sangre y luto para los bolivianos, otros dirigentes de sus bases, como Ruperto Quispe, secretario ejecutivo de los "Ponchos Rojos”, declaran a medios internacionales de prensa que no es momento para una lucha armada porque “estamos en democracia”.
Entonces, el presidente no puede equivocarse de esa manera ya que como gobernante su palabra puede traer conflicto o tranquilidad a millones de bolivianos, pero parece que sus asesores y quienes le solicitan armas desconocen o prefieren ignorar lo que pide la mayoría ciudadana.
En el campo legal, la Constitución Política del Estado establece con claridad cuales con las instituciones con potestad de portar y usar armas de fuego lo que hace más absurdas las sugerencias hechas al Presidente Morales.
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