Diputados masistas aprobaron resolución para investigar actos de violencia acaecidos el reciente 24 de mayo pero no quieren tocar la violencia desatada desde octubre del 2007.-
La mayoría masista le negó al departamento de Chuquisaca la posibilidad de que se investiguen las tres muertes y más de 300 heridos causados por hechos de violencia sucedidos en Sucre desde octubre del 2007 y se limitó a aprobar la resolución camaral 025 para que se investiguen actos de violencia cometidos el pasado 24 de mayo contra campesinos en la ciudad de Sucre.
La bancada de Diputados de Poder Democrático Social (PODEMOS) considera que lo sucedido a los trabajadores del agro no es un hecho aislado, sino que es la continuidad de graves antecedentes de violación de derechos humanos sucedidos en esa región del país, por ello planteó que en la mencionada resolución se incluya la investigación de todos los hechos de violencia sucedidos en ese departamento desde octubre de 2007, producto de la aprobación del proyecto de constitución masista.
Además de no haberse establecido hasta la fecha responsabilidades sobre esas muertes y daños a ciudadanos chuquisaqueños, las familias de los fallecidos y heridos tampoco han sido sujetos de compensación u otra indemnización.
Ante la negativa oficialista, Podemos planteó al pleno la reconsideración de su iniciativa ya que la Cámara de Diputados y su Comisión de Derechos Humanos no debiera actuar con parcialidad respecto a una situación no actuar respecto a otros hechos que dejaron un saldo de muertos y heridos, mostrándose empeño y voluntad en un caso y negligencia para investigar otro caso.
La mayoría también rechazó esa reconsideración y sólo aprobó la Resolución que, en dos artículos, recomienda a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, que se constituya en cabeza de Ministerio Público a fin de investigar denuncias de violaciones a Derechos Humanos, cometidas en la ciudad de Sucre a ciudadanos campesinos y otros.
Concluida esa investigación, la Comisión de Derechos Humanos elevará un informe final al pleno de la Cámara para su consideración y remisión al Ministerio Público en el caso de que se adviertan actos delictivos u otras responsabilidades.
La mayoría masista le negó al departamento de Chuquisaca la posibilidad de que se investiguen las tres muertes y más de 300 heridos causados por hechos de violencia sucedidos en Sucre desde octubre del 2007 y se limitó a aprobar la resolución camaral 025 para que se investiguen actos de violencia cometidos el pasado 24 de mayo contra campesinos en la ciudad de Sucre.
La bancada de Diputados de Poder Democrático Social (PODEMOS) considera que lo sucedido a los trabajadores del agro no es un hecho aislado, sino que es la continuidad de graves antecedentes de violación de derechos humanos sucedidos en esa región del país, por ello planteó que en la mencionada resolución se incluya la investigación de todos los hechos de violencia sucedidos en ese departamento desde octubre de 2007, producto de la aprobación del proyecto de constitución masista.
Además de no haberse establecido hasta la fecha responsabilidades sobre esas muertes y daños a ciudadanos chuquisaqueños, las familias de los fallecidos y heridos tampoco han sido sujetos de compensación u otra indemnización.
Ante la negativa oficialista, Podemos planteó al pleno la reconsideración de su iniciativa ya que la Cámara de Diputados y su Comisión de Derechos Humanos no debiera actuar con parcialidad respecto a una situación no actuar respecto a otros hechos que dejaron un saldo de muertos y heridos, mostrándose empeño y voluntad en un caso y negligencia para investigar otro caso.
La mayoría también rechazó esa reconsideración y sólo aprobó la Resolución que, en dos artículos, recomienda a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, que se constituya en cabeza de Ministerio Público a fin de investigar denuncias de violaciones a Derechos Humanos, cometidas en la ciudad de Sucre a ciudadanos campesinos y otros.
Concluida esa investigación, la Comisión de Derechos Humanos elevará un informe final al pleno de la Cámara para su consideración y remisión al Ministerio Público en el caso de que se adviertan actos delictivos u otras responsabilidades.
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